Contrato de Perito Freelance: Servicios Periciales 2024

Qué es un contrato de servicios periciales para autónomos

El contrato de servicios periciales es el instrumento jurídico mediante el cual un perito autónomo se compromete a prestar sus conocimientos técnicos o científicos especializados a favor de un cliente, ya sea una empresa, un particular o un despacho de abogados, a cambio de una retribución pactada. Su naturaleza jurídica se encuadra dentro del contrato de arrendamiento de servicios regulado en los artículos 1544 y 1583 del Código Civil, que establecen las obligaciones recíprocas entre las partes y la autonomía de la relación contractual frente a cualquier vínculo laboral.

A diferencia de un contrato laboral, el perito freelance actúa con independencia técnica y organizativa, asumiendo el riesgo y ventura de su actividad profesional. Esta distinción es fundamental para deslindar la relación mercantil de una posible relación laboral encubierta, cuestión que los tribunales han abordado de forma reiterada aplicando los artículos 1 y 8 del Estatuto de los Trabajadores para determinar la verdadera naturaleza del vínculo.

Los informes periciales que elabora el perito pueden tener destino judicial —como prueba pericial en procedimientos civiles, penales o contencioso-administrativos— o extrajudicial, para valoraciones de daños, tasaciones, estudios técnicos o informes de parte. En ambos casos, el contrato debe recoger con precisión el objeto del encargo, el alcance de la pericia y las condiciones de entrega.

Marco legal aplicable al perito autónomo

El perito freelance queda sujeto a un conjunto de normas que conviene conocer antes de formalizar cualquier encargo:

• Artículos 1544 y 1583 del Código Civil, que regulan el arrendamiento de servicios y la libertad de pacto entre las partes.
• Artículos 1088, 1089 y 1091 del Código Civil, que establecen el origen de las obligaciones y la fuerza vinculante de los contratos.
• Artículo 1101 del Código Civil, que prevé la responsabilidad por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales.
• Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI-CE), aplicable cuando el contrato se formaliza o ejecuta por medios electrónicos.
• Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996), artículos 10 y 14, en lo relativo a la titularidad de los informes periciales como obras susceptibles de protección cuando incorporan creatividad técnica relevante.
• Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 335 a 352) cuando la pericia tenga destino procesal, pues impone al perito deberes de imparcialidad y responsabilidad por su dictamen.

Cláusulas esenciales del contrato de servicios periciales

Un contrato de servicios periciales bien estructurado debe contener, como mínimo, las siguientes estipulaciones para proteger a ambas partes y evitar conflictos durante o tras la ejecución del encargo:

• Identificación de las partes: nombre o razón social, NIF/CIF, domicilio profesional y condición de autónomo del perito, con referencia expresa a su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
• Objeto del contrato: descripción detallada del encargo pericial, materia sobre la que recae, finalidad del informe y documentación o materiales que el cliente facilitará al perito.
• Plazo de entrega: fecha o plazo máximo para la emisión del informe, con previsión de causas de suspensión por falta de colaboración del cliente.
• Honorarios y forma de pago: importe, periodicidad, forma de pago e IVA aplicable, con cláusula de intereses de demora conforme a la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad.
• Gastos adicionales: desplazamientos, pruebas técnicas, ensayos de laboratorio u otros costes imputables al encargo, con sistema de autorización previa.
• Confidencialidad: obligación del perito de guardar secreto profesional sobre la información recibida y del cliente sobre los métodos de trabajo del perito.
• Propiedad intelectual: titularidad del informe pericial una vez abonados los honorarios, conforme a los artículos 10 y 43 del RDL 1/1996.
• Responsabilidad: alcance de la responsabilidad del perito por errores u omisiones, con posibilidad de limitar la responsabilidad a la cuantía de los honorarios percibidos.
• Resolución del contrato: causas de resolución anticipada, preaviso requerido y consecuencias económicas para cada parte, al amparo del artículo 1124 del Código Civil.
• Jurisdicción y ley aplicable: fuero competente, preferentemente los juzgados del domicilio del perito, y ley española como ley rectora del contrato.

Cómo acreditar la independencia técnica del perito

Una cláusula que con frecuencia se omite pero que tiene gran relevancia jurídica es aquella que recoge expresamente la autonomía técnica y organizativa del perito. Debe quedar claro en el contrato que el perito determina por sí mismo los métodos, herramientas y procedimientos para elaborar el informe, que no está sujeto a las instrucciones del cliente en cuanto a la forma de realizar la pericia —aunque sí en cuanto al objeto del encargo— y que no existe exclusividad salvo pacto expreso. Esta cláusula refuerza la naturaleza mercantil de la relación y reduce el riesgo de una eventual recalificación como relación laboral por parte de la Inspección de Trabajo.

Riesgos de trabajar sin contrato escrito

Prestar servicios periciales sin un contrato escrito firmado por ambas partes expone al perito autónomo a riesgos jurídicos y económicos de primera magnitud. En ausencia de documento contractual, la prueba del encargo, los honorarios pactados y las condiciones de entrega queda reducida a correos electrónicos, mensajes o testigos, medios probatorios que los tribunales valoran con cautela y que pueden resultar insuficientes en un procedimiento de reclamación de cantidad.

El artículo 1214 del Código Civil —hoy recogido en el principio general de la carga de la prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil— atribuye al reclamante la carga de probar los hechos que fundamentan su pretensión. Sin contrato escrito, el perito que reclama honorarios impagados deberá acreditar no solo que prestó el servicio, sino también el importe exacto acordado, tarea que deviene enormemente complicada cuando el cliente niega los términos del encargo.

Además, la ausencia de contrato dificulta el ejercicio de acciones basadas en el artículo 1101 del Código Civil frente al cliente que incumple, impide invocar cláusulas de confidencialidad ante una filtración de información y deja al perito sin cobertura contractual si el cliente reclama por un resultado que no se ajusta a sus expectativas. En definitiva, trabajar sin contrato escrito traslada al perito toda la inseguridad jurídica que debería quedar resuelta en el documento.

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